Legalizar las drogas sería medida de combate

Sobre la relación entre México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, Castañeda dijo que percibía 'una cooperación quizás más activa que en el pasado', pero contradictoria.

CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 21, 2010.- El ex canciller mexicano Jorge Castañeda instó hoy a los presidentes de México, Felipe Calderón, y Colombia, Álvaro Uribe, a promover la legalización de las drogas como medida para luchar contra el narcotráfico.

"Yo no concibo que haya una solución (al narcotráfico) que no incluya eso (despenalización del consumo de droga)", afirmó a Efe Castañeda tras intervenir en Madrid en el Foro Europa-América Latina-EEUU, organizado por la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y los centros de estudios Real Instituto Elcano (España) e Inter-American Dialogue (Estados Unidos).

"Soy de la opinión de que presidentes como Uribe, Calderón y otros, que tienen mucha autoridad moral, es hora quizás de que promuevan la legalización", subrayó el que fuera ministro de Relaciones Exteriores de México entre 2000 y 2003.

Dado que "Uribe está en vísperas de su salida (del poder) y a Calderón le quedan un poquito más de dos años y medio (en el Gobierno), Castañeda consideró que ambos mandatarios están en condiciones de dar un impulso a la despenalización, porque "ya no implica daño político para ellos" y "tienen la autoridad moral para hacerlo".

"Cuando dicen ellos (Calderón y Uribe) que no se puede hacer nada sin EEUU, tienen razón, pero entonces lo que hay que hacer es convencer a EEUU (de la necesidad de legalizar el consumo de droga)", explicó el ex canciller.

Sobre la relación entre su país y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, Catañeda dijo que percibía "una cooperación quizás más activa que en el pasado".

"Pero también -puntualizó- es más contradictoria porque, al mismo tiempo que el Gobierno federal de EEUU apoya más que antes al Gobierno de México en su guerra contra el narco, las autoridades estatales y municipales en muchísimas partes de EEUU están procediendo a una despenalización o legalización de la marihuana y/o de la heroína".

"Y eso -agregó- es muy contradictorio, porque no es posible hacer ambas cosas al mismo tiempo. Si se trata de hacer las dos cosas, una debilita a la otra inevitablemente".

Respecto a ese problema, el ex presidente de Bolivia Jorge Quiroga, también presente en el citado foro, señaló que "hace muchos años que se sabe que la legalización del consumo puede ser una solución".

"Pero yo, francamente, no lo veo factible. No veo factible que los grandes mercados de consumo tomen la vía sensata de despenalizar el consumo y penalizar la tenencia de armas (en países como EEUU)", recalcó Quiroga.

En opinión del ex presidente boliviano, que gobernó su país entre 2001 y 2002, "la única manera de encarar el tema, dadas las restricciones que existen, es esfuerzo conjunto, que es lo que no tenemos", pues "México solamente discute el tema con EEUU".

El ex jefe de Estado consideró que la "gran preocupación" que debería tenerse en cuenta es la coordinación de "los narcocárteles mexicanos, las maras centroamericanas, los narcoterroristas colombianos y los productores andinos cocaleros".

"Extrañamente -añadió Quiroga-, los estados no coordinamos. No hay reuniones entre México, Centroamérica, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil... para coordinar y tener programas integrales de control y reducción del tráfico ilícito de droga".

Sobre ese asunto también opinó el gobernador del Departamento colombiano de Nariño, Antonio Navarro, quien expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que prospere una eventual legalización de la droga en los países consumidores.

"Me temo mucho que no va a haber legalización o despenalización y vamos a tener que seguir enfrentando un problema muy complejo y muy difícil que no tiene solución viable y visible", dijo Navarro.

"Me contentaría con que en mi región deje de haber planta de coca y se vaya a otra parte, porque el daño que está haciendo es muy grande", remarcó el gobernador.

Para el dirigente colombiano, la solución al "problema de los cultivos ilícitos" pasa, entre otros caminos, por el "desarrollo rural para la población campesina", algo "esencial" que constituye "una de las responsabilidades que el Estado tiene en América Latina".