LA LEY DE
ARBITRAJE
España se ha mostrado siempre
sensible a los requerimientos de armonización del régimen jurídico
del arbitraje, en particular del comercial internacional, para
favorecer la difusión de su práctica y promover la unidad de
criterios en su aplicación, en la convicción de que una mayor
uniformidad en las leyes reguladoras del arbitraje ha de propiciar
su mayor eficacia como medio de solución de controversias
La Ley de Arbitraje se basa e inspira
en la Ley Modelo de Arbitraje elaborada por la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de
junio de 1985. Con anterioridad a España, numerosas países ya habían
adoptado leyes de arbitrajes basadas en la Ley Modelo de Arbitraje.
Además, la Ley de Arbitraje pretende adaptarse a la nueva evolución
del tráfico jurídico, sobre todo en el ámbito comercial
internacional. Así pues, la Ley de Arbitraje incorpora los avances
técnicos y atiende a las nuevas necesidades de la práctica arbitral,
particularmente en materia de requisitos del convenio arbitral y de
adopción de medidas cautelares.
2. ¿Qué significa que el laudo cuenta con fuerza ejecutiva? ¿Podría
dar un ejemplo?
Tal y como establece el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, los laudos (o resoluciones arbitrales) llevan aparejada la
ejecución. Esto significa que el laudo puede ser ejecutado como si
de una sentencia se tratara.
Sin duda alguna, esta es una de las principales novedades de la
vigente Ley de Arbitraje respecto de la anterior, pues se permite
ejecutar el laudo aun cuando contra éste se haya ejercitado acción
de anulación. Instada la acción de anulación, el ejecutado puede
solicitar ante el juzgado que conoce de la ejecución, la suspensión
de la ejecución del laudo, siempre que preste caución para responder
de lo debido, más las costas y los daños y perjuicios derivados de
la demora en la ejecución, en los términos establecidos en el
artículo 45 de la Ley de Arbitraje.
3. ¿Cuáles han sido los sectores en los que la nueva ley se ha
tornado importante?
La Ley de Arbitraje no está dirigida a un sector específico, siendo
su objetivo dar un paso más facilitando los instrumentos de
resolución extrajudicial de los conflictos.
Lo que pretende la Ley de Arbitraje es promover y extender el uso
del arbitraje como sistema alternativo de resolución de
controversias, tanto en el Derecho interno como internacional.
Además, pretende impulsar que se pacten convenios arbitrales en los
que se establezca España como lugar de arbitraje.
En general, el arbitraje es elegido como método de resolución de
conflictos por empresas de diversos sectores, aunque también, en
ocasiones, las personas físicas se someten a arbitraje.
Los sectores más comunes son la construcción, energía, comercio,
telecomunicaciones, marítimo y farmacéutico.
4. ¿Ha beneficiado el trabajo judicial?
El arbitraje no está previsto como método de resolución de
conflictos que beneficie el trabajo judicial. Se trata de un método
de resolución de conflictos privado y alternativo a la vía judicial
que, en ocasiones, resulta más beneficioso -por la celeridad de los
procedimientos y por su carácter privado- para determinadas
empresas.
Sin embargo, el arbitraje no es absolutamente ajeno a la
intervención judicial. En el arbitraje son bastantes las ocasiones
en que, bien las partes, o bien los árbitros, han de acudir a los
tribunales. En concreto, nos referimos a los supuestos de
nombramiento de árbitros (en el caso de que las partes así lo hayan
previsto, o precisamente no lo hayan previsto y no se pongan de
acuerdo), adopción de medidas cautelares y asistencia judicial para
la práctica de pruebas..
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