Hace varios meses comía yo con
distinguidos amigos, figuras públicas todos ellos y cercanos en
cierto grado a algún partido, sin ser, hasta donde sé,
militantes activos. Con ellos comenté mi postura de no dar mi
voto a ningún partido político, idea que no compartieron, pero
todos coincidieron en que era mejor presentarse a la urna y
anular el voto, que quedarse en casa. Así lo creo yo también.
Pero por lo visto los partidos no, pues han reaccionado con gran
intolerancia contra el voto nulo (tachado) o independiente (por
un candidato no registrado), opción contemplada por la ley y, en
consecuencia, legítima y democrática. Da la impresión de que
preferirían un alto abstencionismo que una elevada proporción de
votos de protesta. ¿Cómo así? El Cofipe, en su artículo 4,
considera una obligación de los ciudadanos votar. Su
incumplimiento no conlleva pena, pero formalmente es una
infracción legal. La ley electoral mexicana, y la de muchas
democracias, acepta una vía para protestar en la boleta si
ninguna de las opciones registradas satisface al elector. En
nuestro caso, esa opción es a través del candidato no registrado
(voto independiente), contemplado en el artículo 252 del Cofipe.
No es correcto, por tanto, meter al voto de protesta en el mismo
costal que la abstención, como hacen los partidos y el IFE. El
primero es legal e institucional (contrariamente a lo dicho por
los partidos y el presidente del IFE, Leonardo Valdés, que bien
haría en leer el Cofipe).
A los partidos, el abstencionismo
no parece preocuparles demasiado, pero sí el voto de protesta
(nulo o independiente). En 2003, cuando se registró 60% de
abstencionismo, la reacción de los partidos no fue de
descalificación ni condena a los abstencionistas, pese a que no
habían cumplido con su obligación legal; simplemente dijeron que
tomarían nota de esa señal de apatía. Incluso, en este proceso,
cuando las encuestas empezaron a arrojar cálculos de una
abstención de 60 a 70% (sin estimar aún los votos nulos), nada
dijeron los partidos. Sólo hasta que se detectó que había un
movimiento anulista que podría adquirir una dimensión
importante, saltaron con todo tipo de descalificaciones,
injurias y acusaciones (antidemócratas, retrógrados,
subversivos, antipatriotas). No sabía, hasta ahora, que ejercer
el ejercicio del voto, con una de las opciones estipuladas por
la ley, implicara todo eso. Pensaba que era a la inversa. ¿Qué
no las expresiones antiinstitucionales, antidemocráticas o de
plano ilegales eran las que amenazaban la gobernabilidad y la
institucionalidad? ¿Es ahora una expresión perfectamente
regulada y permitida por la ley? Qué extraño.
Por un lado, todos los partidos
aseguran que el voto nulo favorece a sus rivales: el PAN, que al
PRD y al PRI; el PRI, que a los otros dos; el PRD, lo mismo y,
los emergentes, que a los tres grandes. En suma, que el voto
nulo favorece a todos y a ninguno. En el absurdo, Andrés López
Obrador asegura que este movimiento sirve a “la mafia que le
robó la Presidencia”. ¡Por favor! Tales declaraciones son
emblemáticas de cómo los partidos ven a sus representados:
incapaces de concebir ideas y estrategias propias, de pensar por
sí mismos, de empujar iniciativas, de organizarse. Ante la
amenaza que el voto de protesta podría representar a sus
intereses y privilegios, los partidos unen su voz en coro,
cierran filas, emprenden una campaña negativa contra esta
expresión cívica. ¿Cómo osamos protestar siquiera contra ellos?
¿Cómo poner en entredicho sus privilegios, salarios y
financiamiento? ¿A razón de qué se nos ocurre pedirles cuentas?
Somos tratados como sus empleados o, en el mejor de los casos,
sus súbditos, no como sus representados, no como sus mandantes.
Tenemos que callar y obedecer y, además, votar por ellos.
Dicen, pues, que el voto de
protesta es ilegal, subversivo. Pero resulta que la boleta
electoral tiene en su base un espacio concreto que dice
literalmente: “Si desea votar por algún candidato no registrado,
escriba en el recuadro el nombre completo”. Si usted desea, se
lee en la boleta. Es decir, siéntase en confianza, puede
hacerlo, es legítimo, no es ilegal, no es antidemocrático, no es
sedicioso; lo puede hacer si usted así lo decide. Si dicha
opción fuera lo que los partidos, sus personeros informales y
algunos consejeros del IFE dicen que es, esa leyenda tendría que
agregar algo como: “Si usted vota así, incurrirá en una grave
irresponsabilidad, un delito de lesa democracia, un acto
subversivo; usted representaría un peligro para México”.
Entonces, ya no cabría duda. Pero no dice eso.
Todo lo cual habla del carácter
no tan democrático de nuestro sistema de partidos. Ese que los
anulistas no queremos destruir, sino reformar, abrir, refrescar,
aunque no al ritmo y las necesidades de los partidos (nos podría
llevar siete décadas). Las demandas planteadas por los grupos
anulistas, que buscan hacer eficaz la representación política,
no son nuevas. A nueve años de la alternancia, ya era para que
hubieran aprobado algunas de las más importantes. Pero vuelvo a
la pregunta original: ¿por qué los partidos prefieren la
abstención al voto nulo?, ¿por qué no distinguen la abstención
del voto de protesta, como lo hace la ley, adjudicando a ambas
figuras los efectos de la abstención? Porque ésta, aunque no sea
legal, es silenciosa: el voto de protesta, siendo perfectamente
legal, es ruidoso. Y como palanca de presión, puede ser mucho
más eficaz que la abstención. El voto de protesta (nulo o
independiente), nos sugieren los partidos, es “un peligro para
México”. En realidad, podría serlo (dependiendo de su magnitud),
pero para su cerrado oligopolio, sus injustificados privilegios
y su intocable impunidad.
