En la elección federal intermedia de
2003, el porcentaje de votos anulados se duplicó respecto de las
elecciones de 1997 y del 2000. El fenómeno fue abordado, a toro
pasado, por algunos analistas de esa elección. Si mal no
recuerdo, la discusión giraba en torno a si ese nivel anormal de
votación nula reflejaba una intencionalidad contestataria o si
se trataba de un cúmulo de equivocaciones y de errores en los
electores derivados de alguna razón técnica imputable a las
características específicas de la boleta o, incluso, al flujo
particular de la información electoral previa a la jornada. El
porcentaje de anulación fue de 4%. El asunto rápidamente quedó
en el olvido y no fue tema.
Lo que sorprende ahora es que en las
últimas semanas, como resultado de algunos grupos organizados en
la red y de varias plumas destacadas, la opción de anular el
voto el próximo 5 de julio, valga la redundancia, ya es opción y
es tema. La propuesta parte de una valoración contextual que,
por supuesto es opinable, en un intento de síntesis, de tres
premisas: la inconformidad con las reformas constitucionales y
legales de 2007 (financiamiento de partidos, candados a nuevos
registros, espotización de las campañas, exclusión de
la ciudadanía de los medios durante las campañas, procedimientos
autárquicos y perversos de los partidos para la selección de
candidatos); impertinencia e irrelevancia política de la
elección federal intermedia (de acuerdo con todas las encuestas,
ninguna de las principales fuerzas tendrá mayoría y, ante la
proximidad de la sucesión presidencial, se continuará si no es
que se agudizará la parálisis legislativa); y descrédito de las
instituciones electorales (lo que no merece mayor abundamiento).
Llegar a un juicio concluyente e
inatacable sobre si se debe o no anular es tan ocioso como
pretender demostrar, en términos no sólo de lógica sino de
verdad, porque es mejor votar por tal o cual partido. En todos
los casos se trata de una opinión, por definición debatible pero
respetable, en la medida en que esto sea una democracia.
En los últimos días han sido
expuestos argumentos sólidos en pro y en contra de esta
iniciativa, genuinamente ciudadana. Parte de la discusión se ha
dado respecto de la eficacia de esa acción como forma de
protesta. Se ha señalado que no habría forma de leer
inequívocamente si la votación nula fue un error o un gesto de
rechazo al sistema electoral. Habría que matizar. Depende del
número de votos anulados, a menos que se sostenga que si, por
ejemplo, se presentan 2 millones de anulaciones, no se puede
saber si fueron a manifestar su rechazo o cometieron errores en
el llenado. Dos millones de equivocados son demasiados.
Otros han dicho que aun cuando
quedase claro el acto de repudio, la clase política no lo
registraría. Es posible. En sí mismo y descontextualizado, la
diputación electa lo desecharía. Pero si se trata de un
ingrediente adicional a lo que para muchos es un creciente
deterioro del régimen en cuanto a instituciones, procedimientos,
personas y resultados, es discutible su pretendida ineficacia.
Tal vez uno de los argumentos más
acertados que se han ofrecido contra esta opción es el de
Federico Reyes Hereles (Reforma 2/6/2009), en el
sentido que la anulación fortalece a los partidos con voto duro,
principalmente al PRI, “gran autor de la contrarreforma
(electoral)”. Es cierto y si lo fortaleciera hasta el punto de
convertirlo en mayoría absoluta, habría que pensarlo dos veces;
sin embargo, de acuerdo con las encuestas, hoy, eso es
prácticamente imposible.
Detrás de los llamados a anular
hay una inconformidad justificada y explicable por el modelo de
comunicación político-electoral, por el contorno del sistema de
partidos en conjunto, por la ausencia de autonomía del IFE y la
sumisión abyecta de algunos de sus consejeros con quienes los
impusieron; hay descontento ante la falta de una ley de partidos
que impida que con el dinero público se manejen como negocio
propio y que dediquen, como lo hacen ahora, a reciclar
candidaturas de desechos sólidos.
Si la suma de la abstención y de
la anulación no les dice nada a nuestros presuntos
representantes, mejor. Esto hará crisis más rápido.
P.D.
Dice Germán Martínez que los promotores del voto nulo “son los
que, luego de la victoria del presidente Calderón, clamaban por
un presidente interino”. No recuerdo clamando por un presidente
interino a Héctor Aguilar Camín, a Carlos Loret de Mola, a Román
Revueltas
