Andrés Manuel López Obrador presentó
una denuncia penal en contra de un grupo de políticos y empresarios,
que bautizó como “La Mafia”, que, asegura controlan el destino del
país, y que operan como “una asociación delictuosa dedicada al
tráfico de influencias, la corrupción y el saqueo de bienes y
recursos públicos”.
En la denuncia que presentó ante la
Procuraduría General de la República relata la forma en que operan y
en que se han relacionado al menos 10 de los integrantes de esta
mafia, que, asegura, surgió a partir de que Carlos Salinas de
Gortari, como presidente de la República, decidió entregar los
bancos y empresas públicas a sus allegados.
El grupo en cuestión, afirma, está
integrado por Salinas, Roberto Hernández, Vicente Fox, Claudio X.
González, Felipe Calderón, Gastón Azcarrága, Elba Esher Gordillo,
Diego Fernández de Cevallos, José Luis Barraza y Ernesto Zedillo.
Y a cada uno de ellos les dedica un
apartado de la denuncia. En el caso del presidente Felipe Calderón,
López Obrador afirma que familiares y funcionarios de su gobierno se
vieron beneficiados cuando él estuvo al frente del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras).
“Siendo director de Banobras —relata
López Obrador— autorizó una aportación ‘a fondo perdido’ por 400
millones de pesos, depositados en un fideicomiso privado para la
construcción de un túnel bajo el río Coatzacoalcos.
“La obra —continúa— fue promovida por
el señor Enrique Baños Urquijo, directivo de la empresa Grupo Básico
Mexicano, esposo de la ex senadora panista y actual directora del
Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, y suegro de César
Nava (actual candidato a diputado), en ese entonces abogado general
de Petróleos Mexicanos y posteriormente secretario particular de
Felipe Calderón.
“Adicionalmente —revela— este
fideicomiso recibió 200 millones de Pemex y desde 2002 cobra el
peaje del puente I de Coatzacoalcos. La obra del túnel muestra poco
avance y no hay información disponible sobre el destino de los
fondos públicos”.
La denuncia de hechos —que se puede
consultar en www.gobiernolegitimo.org.mx— fue presentada ayer por
José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del
autodenominado gobierno legítimo, en las oficinas centrales de la
PGR.
Se le pide a la PGR que investigue al
grupo denunciado, así como a sus principales colaboradores que
estima ascienden a 30, por asociación delictuosa, tráfico de
influencias, corrupción y saqueo de bienes y recursos públicos -
