Un juez ordena el arresto formal de 27 alcaldes y funcionarios del estado de Michoacán

(EFE).- Un juez mexicano ordenó el arresto formal de 27 de los 30 alcaldes y funcionarios del estado de Michoacán, entre ellos al fiscal Miguel García Hurtado, que estaban bajo detención preventiva por sus presuntos vínculos con el cartel de "La Familia Michoacana", informó hoy la Fiscalía federal

El fiscal recordó que el pasado 27 de mayo se ordenó el arresto preventivo en contra de 30 personas, 10 de ellos alcaldes y el resto funcionarios públicos, por considerar que "se reúnen los elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad".

Además del procurador, entre los ahora arrestados están el sub procurador, el coordinador de asesores del procurador y la ex secretaria de Seguridad Pública estatal, el director del Instituto de Formación Policial, varios jefes policiales y agentes de diversos municipios.

De los diez alcaldes detenidos originalmente, solo se envió al centro penitenciario a los alcaldes de Apatzingan, Tepalcatepec, Arteaga, Uruapan, Ciudad Hidalgo, Tumbiscatío y Zitácuaro.

Medina Mora explicó que las investigaciones de la fiscalía especial en delincuencia organizada establecen que las 27 personas aprovecharon su cargo público para favorecer y fomentar las actividades de narcotráfico de la organización "La Familia Michoacana", principal productor de drogas sintéticas del país.

Los tres restantes alcaldes que no fueron consignados al juez permanecerán en arresto preventivo hasta agotar las investigaciones para resolver su situación jurídica.

El arraigo (arresto preventivo) es una herramienta legal que emplea la Fiscalía para mantener detenidos en un lugar especial a sospechosos de delitos graves para ampliar las investigaciones que habrá de presentar a un juez, quien decide primero si otorga la detención formal y después si procesa al acusado.

La detención de los alcaldes provocó que varios miles de sus seguidores protestaran por considerar que se habían violados sus derechos y que el hecho tenía un trasfondo político más que una acción legal contra el narcotráfico.

Las bandas de narcotraficantes libran una batalla en la mayor parte del territorio mexicano, en la que por su poder de corrupción ha involucrado a numerosos funcionarios de seguridad de todos los niveles.

En los primeros cinco meses y medio de este año la violencia desatada por los carteles ha dejado más de 3.000 muertes, mientras que el año pasado se rebasaron los 6.000 asesinatos, según recuentos periodísticos.