Organizaciones no gubernamentales,
nacionales y extranjeras, testimonios de familiares y declaraciones
de detenidos refieren que el arraigo y la tortura se han convertido
en las principales armas en la guerra del gobierno contra el crimen
organizado.
El Observatorio Ciudadano de Derechos
Humanos (OCDH) ha documentado en esta ciudad fronteriza “arraigos
masivos” y “una cifra histórica en los casos de tortura”.
El director ejecutivo de Amnistía
Internacional México, Alberto Herrera, advierte que lo que ocurre en
Tijuana es una muestra de lo que está sucediendo en otras partes del
país.
“Hay prácticas realmente preocupantes
porque se violan los derechos mínimos de las personas, entre ellos
el derecho a la presunción de inocencia”, asegura.
Los grupos que han investigado
diversos casos encontraron patrones similares, en los cuales la
tortura se realiza al amparo del arraigo.
Sin tener órdenes de aprehensión, los
militares detienen a las personas. Luego las trasladan a los
cuarteles “Morelos” y “El aguaje de la tuna”, del 28 Batallón de
Infantería.
“Ahí, los detenidos son golpeados e
incomunicados por varios días. Se les trata de asfixiar con bolsas
de plástico y les aplican descargas eléctricas”, explica Francisco
Sánchez Corona, coordinador del OCDH.
Testimonios de las víctimas refieren
que durante la tortura estuvieron presentes el secretario de
Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola
Pérez; el director de Policía y Tránsito de la ciudad, capitán
Gustavo Huerta; así como agentes del Ministerio Público Federal.
Leyzaola y Huerta están al frente de
sus corporaciones desde diciembre de 2008.
Sánchez Corona considera que la
presencia del Ejército en las calles no ha ayudado a disminuir la
delincuencia, “al contrario la violencia sigue galopante y se han
incrementado las violaciones a los derechos humanos”.
Además, destaca que Tijuana es una de
las ciudades en donde el Ejército, en coordinación con autoridades
estatales y municipales, realiza operativos mixtos, como parte de la
llamada “guerra contra la delincuencia organizada” que emprende el
gobierno federal.
Para Humberto Guerrero Rosales, de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la
tortura está teniendo dos finalidades: “Que los detenidos se
autoincriminen o que señalen a otros, porque mientras se les tortura
les muestran fotografías de personas que ni siquiera conocen y se
les pide que los identifiquen”.
Lo que vemos, agrega, es que se
detiene para después investigar, lo cual va en contra del principio
de presunción de inocencia.
Esta semana Amnistía Internacional
emitirá un informe en el que documenta y denuncia casos de tortura
realizados por militares en varias ciudades del país.
